Los expertos que eligió el Gobierno para preparar el informe en derecho que analizará el texto constitucional y la reforma de pensiones

El próximo 17 de diciembre la ciudadanía definirá el destino de la propuesta de nueva Constitución que emanó del trabajo del segundo proceso constituyente llevado a adelante en Chile en los últimos años. 

A través de su voto “a favor” o “en contra” cada persona tendrá la oportunidad de decidir si desea darle luz verde al texto que planteó dicha instancia, la que culminó sin un acuerdo transversal. 

Una de las tantas materias que aborda el borrador es el derecho a seguridad social, que ha generado visiones opuestas entre los distintos expertos acerca de si tal como quedó establecido en la propuesta de nueva Carta Magna es compatible con un sistema de pensiones mixto -que incorpore mecanismos de solidaridad- como plantea la reforma de pensiones del Gobierno que está actualmente en el Congreso a la espera de un consenso que permita darle viabilidad política. 

En ese marco, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, anunció hace unas semanas que su cartera encargó un informe en derecho a raíz de la discusión acerca del efecto del texto constitucional sobre la reforma de pensiones.

Hugo Cifuentes abogado y doctor en derecho de seguridad social. Humberto Nogueira abogado y doctor en derecho constitucional. Fotos: Julio Castro y Archivo.

Específicamente, apuntan a despejar si el borrador de nueva Constitución, y en caso de ser aprobado, permitiría establecer un sistema solidario de pensiones, lo que, a priori según ha manifestado Jara, sería compatible. 

Los nombres

De todas maneras, a pesar de esa tesis, el Gobierno pidió un análisis externo sobre la materia. Para llevar a cabo el diagnóstico, el Ejecutivo apostó por dos abogados, uno constitucionalista y otro experto en seguridad social. 

El constitucionalista es Humberto Nogueira, quien ha ejercido como profesor de derecho constitucional en diversas casas de estudios y fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. Es doctor en derecho constitucional de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva, de Bélgica. 

El Gobierno decidió acompañar el trabajo constitucional de un experto en seguridad social, para lo cual confió esta misión a Hugo Cifuentes, abogado y doctor en derecho de Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. 

Cifuentes es un reconocido profesional en materias previsionales y ha seguido de cerca los intentos de reformas en los distintos gobiernos.

Durante este año fue el experto designado por la Democracia Cristiana para asistir a la mesa técnica por pensiones del Ministerio del Trabajo y en 2015, fue miembro de la comisión Bravo, la última asesora presidencial a en materia de pensiones. 

Fuentes conocedoras del proceso confirmaron los nombres a DF y explicaron que la elección de ambos abogados responde a su expertiz. 

Cotización adicional 

La propuesta de nueva Constitución plantea que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta”. Y además, establece que “en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

Uno de los debates que se ha abierto es si es que la redacción permitiría o no dividir el 6% de cotización adicional que propone la reforma del Gobierno, destinando una parte de esta a solidaridad. 

Quienes están en contra del texto han manifestado que esta redacción cierra la puerta a un sistema solidario y refuerza con ello, la capitalización individual. 

En tanto, quienes se inclinan por el “a favor” argumentan que si bien la propuesta garantiza la propiedad de los fondos de los cotizantes, no haría inviable que el 6% de cotización adicional pudiera dividirse, asegurando que, tal como está establecido, ese ahorro extra provendría de los empleadores y no es un aporte directo del cotizante. 

Con ello, hay quienes apuntan a que, ​​cotizaciones distintas a aquellas que son aporte directo de la persona para la vejez, podrían convivir en otros sistemas.